11º-16º
viernes | 3 mayo | 2024
El Partido Popular ha rechazado con su mayoría en la Cámara gallega la puesta en marcha de una auditoría externa, "a cargo de profesionales independientes", sobre la contrataciones de emergencia efectuadas por la Xunta durante la pandemia derivada de la covid-19.
Los populares gallegos han votado en contra de la proposición no de ley a través de la que los nacionalistas exigían esta medida. En la votación de la iniciativa, que sí ha contado con el apoyo del parlamentario de Democracia Ourensana, los socialistas han optado por la abstención al considerar que esta auditoría debe de ser realizada por el Consello de Contas para ser más garantista.
La petición ha sido defendida en el primer pleno ordinario de la Cámara gallega por el parlamentario del BNG Iago Tabarés, quien ha reprochado a la Xunta que "siga ocultando información" sobre estos contratos.
"Mientras estábamos confinados, mientras gente arriesgaba su vida trabajando por los demás, había quien aprovechaba para hacer negocio de esa situación catastrófica", ha advertido Tabarés, que ha sostenido que asegurado que en Galicia "no se realizaron las tareas de fiscalización, auditoría de la contratación" toda vez que la actuación del Consello de Contas "se limitó al Sergas" y dejó fuera a "todas las consellerías" y resto del sector público autonómico. "Pero es que ni siquiera se auditó doto el Sergas, sino que se dejaron fuera cuatro de siete áreas", ha señalado.
El parlamentario del BNG ha incidido en que es el propio Consello de Contas el que manifiesta que "no se fiscalizó mucha de la contratación" de la Xunta y ha denunciado que "la adjudicación de contratos a dedo y la arbitrariedad provoca que se pague más por las mismas prestaciones", que se "limite el funcionamiento de los servicios públicos" y que se perjudique al "tejido empresarial honesto" que ve vetada la posibilidad de acceder a un contrato porque "no tiene parentela sin escrúpulos" en la administración.
En este punto, el diputado del BNG, que ha dicho que hay dudas que se "siguen sin justificar" sobre un "incremento patrimonial de más de 800.000 euros" registrado por el expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que se debe arrojar luz sobre contratos como los realizados por la Xunta con la empresa Sibuco o otras entidades como una a la que está vinculado el hermano de la pareja del actual presidente del Partido Popular.
Si bien el parlamentario de Democracia Ourensena, Armando Ojea, ha apoyado la proposición no de ley por considerar que serviría para "aprender" de lo ocurrido y de "cómo se comportaron las administraciones durante esa época", los socialistas han optado por la abstención por considerar que debería ser el propio Consello de Contas, como organismo intendente público, el que tendría que realizar esta auditoría.
La encargada de defender la postura del PSdeG ha sido la parlamentaria Patricia Iglesias, quien ha incidido en que la contratación de emergencia realizada por la Xunta durante la pandemia adoleció de "falta de transparencia" y está "llena de opacidad". "Fallaron los controles", ha dicho para subrayar que la "emergencia no elude los requisitos de ampliación de las reglas de la contratación pública".
Iglesias ha señalado que el Consello de Contas y otros organismos independientes "pusieron negro sobre blanco" las "deficiencias e irregularidades" que hubo en la contratación durante la pandemia bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijóo en la Xunta. Así, ha dicho que se adjudicó a empresas que "no tenían ni solvencia ni capacidad ni experiencia para el suministro y la prestación de servicios sanitarios" y que "hubo "falta de información". "También, a día de hoy, seguimos sin conocer qué pasó con esos 159 millones que recibió la Xunta de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria", ha afirmado.
La responsable socialista ha subrayado que los populares deben dar explicaciones en el Parlamento gallego. "No estoy hablando de responsabilidad penal ni de fraude, eso corresponde a los órganos de la fiscalía y también a los de la jurisdicción penal. Estoy hablando de responsabilidad política", ha dicho para incidir en que si el PP no tiene nada que "esconder" no debería tener inconveniente en que el Consello de Contas fiscalizase esta documentación.
En este punto, ha defendido la enmienda de los socialistas, que fue rechazada por el BNG --que sí se abrió a incorporar este asunto en el plan de trabajo del organismo fiscalizador-- para pedir que fuese Contas y no un organismo externo quien fiscalizase las cuentas públicas por considerar que sería más garantista.
Enfrente, el parlamentario popular Roberto Rodríguez ha defendido la gestión de la pandemia hecha por parte del gobierno de PP, que permitió que Galicia fuese la comunidad con un mayor porcentaje de supervivencia. "Esa es la verdadera auditoría de resultados", ha afirmado.
Asimismo, ha sostenido que el Ejecutivo autonómico permitió la fiscalización de los contratos por parte del Consello de Contas, que no detectó ninguna irregularidad, a diferencia de otras administraciones como "el Ayuntamiento de A Coruña donde siguen sin ser publicados todos los contratos de emergencia de la pandemia".
"El Consello de Contas ya habló y como no les gusta lo que dijo, por eso quieren otra auditoría", ha manifestado para incidir en que "Galicia está muy orgullosa del trabajo hecho durante la pandemia". Un punto en el que ha aprovechado para poner en valor la gestión del ahora viceportavoz parlamentario Julio García Comesaña, quien fue conselleiro de Sanidad.
En la sesión, además, los populares han rechazado otra proposición no de ley a través de la que los socialistas proponían medidas para el desarrollo en Galicia de la Ley de Memoria Democrática. La iniciativa, presentada por la parlamentaria Paloma Castro proponía declarar el día 31 de octubre como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo, el 8 de mayo como efeméride dedicada a las personas exiliadas y celebrar en Galicia actos institucionales, de reconocimiento y conmemoración.
En su intervención, Paloma Castro ha advertido de que la política en materia histórica desde la llegada del PPdeG a la Xunta es "nula" y ha sostenido que los populares gallegos "no cumplen ninguna de las leyes" en esta materia. "Ni la de Zapatero ni la ley de memoria actual", ha afirmado.
La medida ha contado con una enmienda de sustitución, rechazada por el PSdeG ante lo que los nacionalistas optaron por la abstención en la votación. La postura del Bloque ha sido defendida por la diputada del BNG Mercedes Queixas, quien ha considerado que la Cámara debe ir "mucho más allá" de pedir a un gobierno que cumpla la ley y poner el foco en la realidad gallega para instar a la Xunta a iniciar una "política política memorialista propia" en la que se institucionalizase el 17 de agosto como día de la Galicia Mártir para honrar a Alexandre Bóveda y a todas las víctimas.
En este punto, si bien ha dicho que votaría a favor de la propuesta, el parlamentario de Democracia Ourensana, Armando Ojea, ha asegurado preferir la iniciativa de los nacionalistas por ser específica de Galicia.
Por su parte, el parlamentario popular Gonzalo Trenor justificó el rechazo de su grupo al considerar que la proposición no de ley de los socialistas solo busca "fomentar la crispación, dividir a la sociedad y criminalizar a todos aquellos que no comparten sus planteamientos políticos". "Sinceramente, creo que ustedes no aprendieron absolutamente nada de las últimas elecciones", ha sostenido.
